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Ley de Contratos del Sector Público
Tabla de contenidos
Servicios Jurídicos LCSP: Claves para una correcta contratación en el sector público
Los servicios jurídicos LCSP son un tema fundamental para cualquier licitador de contratos con la administración pública.
Desde la perspectiva de la gestión de proyectos, es vital comprender cómo la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público regula la contratación de estos servicios, permitiendo a las empresas ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de cada entidad pública.
Esta normativa, basada en el objeto de los contratos y en su contenido específico, nos marca pautas esenciales para garantizar procesos transparentes y de calidad en el ámbito de la contratación pública.
Desde la perspectiva de la gestión de proyectos, es vital comprender cómo la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público regula la contratación de estos servicios, permitiendo a las empresas ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de cada entidad pública.
Esta normativa, basada en el objeto de los contratos y en su contenido específico, nos marca pautas esenciales para garantizar procesos transparentes y de calidad en el ámbito de la contratación pública.
La regulación de los servicios jurídicos en la LCSP
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) es el marco normativo que rige la contratación de servicios abogados y jurídicos en España.
En este contexto, es importante saber que dichos servicios se clasifican, en términos de arrendamiento de servicios, según lo establecido en el artículo 1544 del Código Civil.
Esta clasificación implica que el contrato debe tener un objeto determinado, lo que resulta un reto en el caso de los servicios jurídicos, dada su complejidad y diversidad.
El objeto del contrato no puede ser fraccionado de manera arbitraria para eludir los requisitos de publicidad o procedimiento de adjudicación.
Sin embargo, la naturaleza de los servicios jurídicos, con especialidades que van desde el derecho civil hasta áreas de mayor complejidad técnica, hace que en ocasiones sea necesario dividir el contrato en lotes.
Esto permite adaptar la licitación a las especialidades y facilitar la participación de empresas que se centren en áreas específicas del derecho.
De esta forma, al licitar servicios jurídicos LCSP, se abren posibilidades para incorporar criterios cualitativos de evaluación, como aspectos medioambientales o sociales que, en el caso particular de los servicios jurídicos, pueden incluir la calidad profesional del personal asignado al contrato.
Imagínate que, en lugar de centrarse únicamente en el precio, la administración pública pueda evaluar la experiencia y la reputación profesional, lo que aporta un valor añadido tanto para el licitador como para la entidad contratante.
En este contexto, es importante saber que dichos servicios se clasifican, en términos de arrendamiento de servicios, según lo establecido en el artículo 1544 del Código Civil.
Esta clasificación implica que el contrato debe tener un objeto determinado, lo que resulta un reto en el caso de los servicios jurídicos, dada su complejidad y diversidad.
El objeto del contrato no puede ser fraccionado de manera arbitraria para eludir los requisitos de publicidad o procedimiento de adjudicación.
Sin embargo, la naturaleza de los servicios jurídicos, con especialidades que van desde el derecho civil hasta áreas de mayor complejidad técnica, hace que en ocasiones sea necesario dividir el contrato en lotes.
Esto permite adaptar la licitación a las especialidades y facilitar la participación de empresas que se centren en áreas específicas del derecho.
De esta forma, al licitar servicios jurídicos LCSP, se abren posibilidades para incorporar criterios cualitativos de evaluación, como aspectos medioambientales o sociales que, en el caso particular de los servicios jurídicos, pueden incluir la calidad profesional del personal asignado al contrato.
Imagínate que, en lugar de centrarse únicamente en el precio, la administración pública pueda evaluar la experiencia y la reputación profesional, lo que aporta un valor añadido tanto para el licitador como para la entidad contratante.
Desde el punto de vista de un licitador, preparar una oferta para servicios jurídicos LCSP requiere una estrategia bien pensada y una interpretación adecuada de la normativa.
Es aconsejable estructurar la oferta de modo que se detalle el alcance de los servicios, aunque en muchos casos resulta complicado establecer la totalidad de las prestaciones en el momento de la licitación.
Por ello, la posibilidad de dividir el contrato en lotes según especialidades se convierte en una herramienta valiosa.
En este sentido, se recomienda:
– Identificar las áreas de especialización del derecho que se van a abordar, como derecho laboral, mercantil o administrativo.
– Establecer claramente el objeto del contrato para evitar malentendidos o desviaciones en el servicio.
– Incluir criterios cualitativos que no solo se basen en precios, sino también en la experiencia y formación del personal asignado; esto facilita la valoración de la calidad profesional.
– Considerar la viabilidad de plantear un contrato diferenciado en comparación con otros servicios, siguiendo modelos de otros países europeos que han optado por excluir ciertos servicios del ámbito de aplicación de la LCSP.
Estas estrategias aseguran que no solo se cumpla con lo estipulado en la ley, sino que se ofrezca un servicio adaptado a las necesidades reales de la administración pública, lo cual incrementa la competitividad y la calidad de la oferta.
Es aconsejable estructurar la oferta de modo que se detalle el alcance de los servicios, aunque en muchos casos resulta complicado establecer la totalidad de las prestaciones en el momento de la licitación.
Por ello, la posibilidad de dividir el contrato en lotes según especialidades se convierte en una herramienta valiosa.
En este sentido, se recomienda:
– Identificar las áreas de especialización del derecho que se van a abordar, como derecho laboral, mercantil o administrativo.
– Establecer claramente el objeto del contrato para evitar malentendidos o desviaciones en el servicio.
– Incluir criterios cualitativos que no solo se basen en precios, sino también en la experiencia y formación del personal asignado; esto facilita la valoración de la calidad profesional.
– Considerar la viabilidad de plantear un contrato diferenciado en comparación con otros servicios, siguiendo modelos de otros países europeos que han optado por excluir ciertos servicios del ámbito de aplicación de la LCSP.
Estas estrategias aseguran que no solo se cumpla con lo estipulado en la ley, sino que se ofrezca un servicio adaptado a las necesidades reales de la administración pública, lo cual incrementa la competitividad y la calidad de la oferta.
Consideraciones y recomendaciones en la contratación pública de servicios jurídicos
El proceso de contratación de servicios jurídicos LCSP está lleno de desafíos y oportunidades.
La interpretación de la LCSP facilita la incorporación de criterios cualitativos en la evaluación de las ofertas, lo que representa una ventaja para aquellas licitaciones de carácter intelectual.
Sin embargo, es fundamental tener en cuenta la necesidad de adaptar el proceso a la variable naturaleza de los servicios jurídicos.
Entre los aspectos a considerar, se pueden mencionar:
– La dificultad para determinar de forma exacta el contenido total del contrato en el momento de la licitación, debido a la complejidad inherente a los servicios jurídicos.
– La importancia de contar con una oferta que divida el contrato en lotes, lo cual mejora la especialización y se adapta a la complejidad técnica de los asuntos tratados.
– La relevancia de la evaluación cualitativa, que debe incluir además de aspectos técnicos, factores como la formación y la experiencia profesional del equipo asignado.
– La posibilidad de plantear un tratamiento regulatorio diferenciado o incluso la exclusión del ámbito de aplicación de la LCSP, siguiendo el ejemplo de algunos países europeos.
Para los licitadores interesados en adentrarse en la contratación de servicios jurídicos LCSP y gestionar proyectos de manera eficiente, se recomienda aplicar los siguientes puntos clave:
– Realizar un análisis detallado del objeto del contrato, diferenciando las especialidades según las necesidades.
– Elaborar una oferta que incluya criterios cualitativos claros, priorizando la experiencia y profesionalidad del personal.
– Dividir la oferta en lotes para facilitar la adjudicación y mejorar la especialización en cada área.
– Contar con la asistencia de un asesor especializado en contratación pública, que pueda orientar y asegurar la correcta aplicación de la LCSP.
La interpretación de la LCSP facilita la incorporación de criterios cualitativos en la evaluación de las ofertas, lo que representa una ventaja para aquellas licitaciones de carácter intelectual.
Sin embargo, es fundamental tener en cuenta la necesidad de adaptar el proceso a la variable naturaleza de los servicios jurídicos.
Entre los aspectos a considerar, se pueden mencionar:
– La dificultad para determinar de forma exacta el contenido total del contrato en el momento de la licitación, debido a la complejidad inherente a los servicios jurídicos.
– La importancia de contar con una oferta que divida el contrato en lotes, lo cual mejora la especialización y se adapta a la complejidad técnica de los asuntos tratados.
– La relevancia de la evaluación cualitativa, que debe incluir además de aspectos técnicos, factores como la formación y la experiencia profesional del equipo asignado.
– La posibilidad de plantear un tratamiento regulatorio diferenciado o incluso la exclusión del ámbito de aplicación de la LCSP, siguiendo el ejemplo de algunos países europeos.
Para los licitadores interesados en adentrarse en la contratación de servicios jurídicos LCSP y gestionar proyectos de manera eficiente, se recomienda aplicar los siguientes puntos clave:
– Realizar un análisis detallado del objeto del contrato, diferenciando las especialidades según las necesidades.
– Elaborar una oferta que incluya criterios cualitativos claros, priorizando la experiencia y profesionalidad del personal.
– Dividir la oferta en lotes para facilitar la adjudicación y mejorar la especialización en cada área.
– Contar con la asistencia de un asesor especializado en contratación pública, que pueda orientar y asegurar la correcta aplicación de la LCSP.
Conclusión
En conclusión, entender y aplicar correctamente la normativa sobre servicios jurídicos LCSP es vital para cualquier licitador que aspire a triunfar en el ámbito de la contratación con la administración pública.
Con una estrategia que incluya la división del contrato en lotes, la valoración de la calidad profesional y la asesoría experta, se abren mayores oportunidades para ofrecer servicios jurídicos de calidad y competitivos, asegurando el cumplimiento normativo y la excelencia en la prestación del servicio.
Adoptar estos principios clave resulta indispensable para lograr el éxito en la licitación de servicios jurídicos LCSP.
Con una estrategia que incluya la división del contrato en lotes, la valoración de la calidad profesional y la asesoría experta, se abren mayores oportunidades para ofrecer servicios jurídicos de calidad y competitivos, asegurando el cumplimiento normativo y la excelencia en la prestación del servicio.
Adoptar estos principios clave resulta indispensable para lograr el éxito en la licitación de servicios jurídicos LCSP.
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AS OPTIMUM: Asistencia experta de contratos de obra con marco contractual la Ley de Contratos del Sector Público. AS OPTIMUM.
Boletín Oficial del Estado: Ley de Contratos del Sector Público completa. BOE-LCSP.
Gobierto: Tipos de procedimientos de contratación pública. Gobierto.
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